NORMATIVA DISCAPACIDAD, ESPACIOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES 4 DE DICIEMBRE 2017

¿Por qué necesitábamos una convención especial para las personas con discapacidad? ¿No tienen los mismos derechos que todos los demás? En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todos.

Pero en la práctica, a ciertos grupos, como las mujeres, los niños y los refugiados, les ha ido mucho peor que a otros y las convenciones internacionales tienen por objeto proteger y promover los derechos humanos de tales grupos.

Del mismo modo, los 650 millones de personas con discapacidad –alrededor del 10% de la población mundial—carecen de las oportunidades que tiene la población en general. Se enfrentan a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que:

Les impiden recibir educación.
Les impiden conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados.
Les impiden tener acceso a la información.
Les impiden obtener el adecuado cuidado médico y sanitario.
Les impiden desplazarse.
Les impiden integrarse en la sociedad y ser aceptados.

El 21 de abril del 2008 España ratifica la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.

El propósito de dicha Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

La Convención entró en vigor de forma general y para España el 3 de mayo de 2008 de conformidad con lo establecido en el Artículo 45.1 de la misma.

Así mismo, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, establece en su disposición adicional tercera la exigibilidad de las condiciones básicas de la accesibilidad y no discriminación; entre otras:

Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones:
• Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010.
• Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017.
• Para el acceso y utilización de los medios de transporte: Infraestructuras y material de transporte nuevos: 4 de diciembre de 2010.
• Infraestructuras y material de transporte existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017.

Es por ello, que desde la presente fecha, es obligatorio el cumplimiento de la Ley para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas.